El conflicto del Sahara Occidental es político. Se trata de una descolonización violentamente interrumpida por una invasión exterior (marroquí), que contó con la aceptación cómplice de la potencia administradora (España), la cual abandonó a su suerte al pueblo saharaui, gran parte del cual tuvo que refugiarse en la Hammada argelina mientras que otra parte permanecía sojuzgado en los territorios ocupados. Pero no sólo el pueblo saharaui, Marruecos y España son las partes implicadas, sino el conjunto de la Comunidad Internacional, las propias Naciones Unidas, que han emitido sucesivas resoluciones en base al principio de autodeterminación que han sido sistemáticamente incumplidos por el régimen marroquí.
Desde el momento mismo en que se produce la violación de los acuerdos internacionales y comienza la lucha de resistencia del pueblo saharaui, en 1975, el movimiento de solidaridad en el Estado Español ha venido denunciando la permanente injusticia que sufre el pueblo saharaui, se ha solidarizado con este a través de acciones políticas diversas, y ha presionado a las instituciones gubernamentales españolas para que apoyen inequívocamente la culminación del proceso de descolonización, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas, mediante la realización del referéndum de autodeterminación.
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